Durante el segundo semestre del 2018, la educación superior pública experimentó un importante proceso de movilización social en favor de reconocer su importancia como derecho fundamental de todos los colombianos. Diversos sectores sociales expresaron la necesidad de que las universidades públicas contaran con los recursos dignos para su funcionamiento, teniendo en cuenta que estas instituciones le han cumplido al país ofreciendo una educación de calidad y pertinente a los problemas sociales con prácticamente los mismos recursos destinados por la nación desde la promulgación de la Ley 30 de 1992.